Uno tras otro de los informes nacionales y de organismos internacionales reiteran cómo las mujeres somos la población más afectada por la pandemia. El más reciente, de la Organización Mundial de la Salud, circuló esta semana.
El desempleo de las costarricense se encuentre en un histórico 29 %, esto significa que 1 millón, aproximadamente, no desempeñan trabajo remunerado; además, la informalidad, a consecuencia de lo que vivimos, crece sin freno y casi el 50 % tiene rostro de mujer.
[ Sana crítica: Acceso y momento ]
La firma consultora McKinsey, junto con el proyecto Lean In Women in the Workplace 2020, desnudó que en Estados Unidos las empresas arriesgan perder el avance de los últimos seis años, porque 1 de cada 4 mujeres se está pasando a un trabajo con menor carga o está considerando salir de la fuerza laboral debido a que el peso de la triple jornada —trabajo, responsabilidades del hogar y cuidado— se ha traducido en una insostenible responsabilidad.
Con la afectación de las mujeres, pierden los hogares y las empresas, pues el talento y diversidad que agregan produce rentabilidad (Catalyst y McKinsey), e imposibilita, aún más, que ocupen posiciones de liderazgo y poder, en momentos cuando la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, demostró que los países con mejor desempeño en el combate de la pandemia están liderados por mujeres. Por ello, sus espacios y derechos deber ser protegidos.
[ Sana crítica: Una poderosa imagen ]
La presencia de mujeres en diferentes órganos decisorios es fundamental, aunque todavía es escasa. Esa es la razón por la cual celebro que el gobierno nominara a Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional, para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ella tiene una larga trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, desde su juventud como defensora de los internos del sistema penitenciario hasta la fecha como magistrada. Sus fallos han reivindicado derechos y libertades, quizá el más conocido sea sobre la paridad horizontal, sentencia que estableció que la discusión de la paridad no es un asunto electoral, sino de derechos humanos y, por ello, abre la puerta al control constitucional.
Sin duda, la justicia interamericana ganará con su elección en beneficio de las personas del continente.
La autora es politóloga.