“Definitivamente, en este Gobierno, no”. De esa manera, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, descartó que en el año que falta de la administración Chinchilla Miranda se impulse una reforma para subir la edad mínima –65 años– para pensionarse por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Así lo manifestó durante una breve entrevista con este diario realizada el miércoles, un día después de que se informara de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó un estudio a la Gerencia de Pensiones para ver posibles modificaciones, en el corto y largo plazos, al sistema de jubilación.

Esto último se debe al cierre, cada vez más acentuado, de la brecha entre los ingresos y egresos que reporta el IVM.

“Me parece que la gente tiene que estar tranquila de que no se está pretendiendo un aumento de la edad para pensionarse”, reafirmó Chacón.

Pese a eso, el vocero del Gobierno reconoció que se debe mantener un diálogo para que, “en el futuro, se tomen medidas que resguarden al régimen”.

Pero el tono del Poder Ejecutivo es la cara opuesta de los señalamientos de los últimos días entre las autoridades de la Caja y de la Superintendencia de Pensiones (Supén), órgano que por ley debe supervisar el IVM.

Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, se refirió el lunes a que la edad mínima de jubilación sería uno de los puntos a analizar en la Junta Directiva.

Un día después, la Caja envió un comunicado en el que se afirmó que, “en este momento”, no se planea un cambio de ese tipo.

Aun con el giro del discurso, los datos de la propia Gerencia de Pensiones evidencian el agotamiento que sufre el IVM.

Esos datos revelan que, mientras el año pasado hubo un ingreso neto por ¢159.000 millones, para este 2013 estos bajarían a ¢140.000 millones. Ese mismo rubro para el 2014 sería de ¢120.000 millones.

La Supén insiste en que, de no haber reformas, la reserva se agotará en el 2027; la Caja estima ese momento en el 2040.

Salud financiera. Para el economista Danilo Montero, el tipo de inversiones y beneficios que da el régimen de pensiones son los puntos débiles de su sostenibilidad.

El poco desarrollo del mercado de valores local y la baja participación de las entidades estatales en mercados desarrollados complican la diversificación de las carteras de inversión, dice Montero.

Agregó que “los beneficios del IVM exceden lo que cotizamos los trabajadores”.

Una crítica similar había lanzado en marzo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el cual mostró su “preocupación” por los datos que presenta el IVM.

Ayer tampoco se quedaron atrás las voces sindicales, quienes pedirán a la Caja que sea clara sobre el estado real de las pensiones.

Pruebas. En el segundo día de señalamientos, Balmaceda pidió a Édgar Robles, jerarca de Supén, pruebas tras la afirmación de Robles de que los estados financieros del IVM son constantemente “amañados”.

La jerarca le solicitó dar nombres de los responsables e interponer una denuncia judicial.

Tras el señalamiento, el superintendente dijo que, desde octubre del 2011, interpuso una denuncia penal por supuesto incumplimiento de deberes. La denuncia es contra varios jerarcas; entre ellos, Ileana Balmaceda y el expresidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan.

La denuncia la recibió el fiscal general, Jorge Chavarría.