Tras 1. 513 días en los que la investigación científica en seres humanos estuvo desterrada en Costa Rica, el debate regresa a donde comenzó hace 4 años.
Los actuales diputados deberán votar en menos de cinco semanas si se aprueba la “Ley reguladora de investigación biomédica” 17.777 en segundo debate, tras conocer que la Sala IV no encontró vicios de inconstitucionalidad en el documento.
En caso de no aprobarse en segundo debate, se corre el riesgo de que el tema vuelva al punto de inicio en mayo, con la renovación de diputados de la Asamblea.
El paso del proyecto por la Asamblea Legislativa estuvo marcado por roces y confrontaciones entre fracciones que, aunque consideran necesaria su aprobación, diferían en aspectos específicos como la protección a grupos vulnerables.
Lo complicado del tema se contagió a los estratos judiciales: la Sala IV no se pronunció durante tres meses sobre el proyecto, a pesar de que la Ley de Jurisdicción Constitucional la obliga a resolver en un mes.
El costo de la espera
Mientras se discutía el proyecto en la Asamblea, Costa Rica dejó de percibir cerca de $43.000 millones por investigaciones no realizadas, según datos del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC).
Más de 14.000 pacientes perdieron la posibilidad de participar en estudios clínicos, se cerraron 20 centros de investigación clínica privada, se reportaron unos 200 despidos y se suspendieron 250 investigaciones clínicas, según detalló Guillermo Rodríguez, presidente del ICIC.
La luz verde por parte de la Sala IV devuelve la esperanza a proyectos científicos que colocarían a Costa Rica en el escenario mundial en el tema de salud, entre ellos un tratamiento para curar el cáncer de páncreas.
Investigación atada
Ofrecer el tratamiento para el cáncer de páncreas es el proyecto del doctor en virología Christian Marín, costarricense quien tras varios años de investigación obtuvo una patente por 20 años para desarrollar la cura.
Para la fase preclínica que desarrollará en Costa Rica, el virólogo estima una inversión de $1 millón y la contratación de al menos diez personas.
Marín asegura que desea llevar a cabo la totalidad del proyecto en su país natal, y que la aprobación de la ley es indispensable para poder realizar en Costa Rica las fases posteriores de la investigación.
La respuesta de la Sala IV también hereda un panorama positivo para Warner Alpízar, biólogo celular y docente e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Con proyecto en mano, Alpízar propuso en el 2009 obtener material biológico de pacientes operados de cáncer gástrico.
El estudio del tejido le permitiría establecer si la presencia de ciertas proteínas se relacionaban con el progreso y metástasis de ese tipo de cáncer.
“Necesitábamos muestras del tejido que se le extraía a los pacientes que salían de una cirugía. Generalmente ese material es de desecho”, explica el biólogo celular, quien tuvo que detener la investigación.
Los resultados contribuirían a brindar un tratamiento personalizado a quienes desarrollan metástasis más rápidamente.
El último eslabón
Con la vía libre por parte de la Sala IV las posibilidades de que el proyecto no pase se agotan.
Las 138 mociones de reiteración que lo mantuvieron congelado durante cuatro años parecen ser cosa del paso.
María Eugenia Venegas, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y quien presentó las mociones junto al diputado José María Villata, del Frente Amplio, asegura que aunque sigue en desacuerdo con algunos puntos, dejará que el proyecto fluya.
Las principales inconformidades, según dijo, se relacionaban con el hecho de que el actual documento no garantiza la protección de las personas que participan en los experimentos, principalmente de grupos vulnerables.
“Lo que queremos es proteger a las personas que participan. Queremos establecer quién autoriza, quién controla y bajo qué garantías la gente entra a un experimento”, declaró la diputada.
A pesar de ello, Venegas afirmó que el proyecto ya tiene los votos para pasar, y que lo ideal es que se le hagan las correcciones, pero que ella es de las primera en aspirar a que la comunidad científica trabaje de una manera expedita y segura.
De aprobarse la ley en segundo debate, el país enfrentará el reto de recuperar la confianza del capital inversionista que se vio forzado a mover sus ojos a países que apostaron por esta innovación, como Panamá, Guatemala, Brasil, México, Argentina y Colombia.
Costa Rica deberá, además, reconstruir los vínculos con la fuerza laboral e intelectual que vio truncados sus proyectos durante cuatro años, lapso que para el sector de la investigación representa un retroceso, y sobre todo, la pérdida de vidas humanas.
Fines de la Ley
1
Permitirá la investigación en seres humanos.
2
Creación de un Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis), bajo la rectoría del Ministerio de Salud y apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
3
Creación de un Comité Ético Científico.
Fuente Proyecto de Ley Biomédica.
