Primero, los planes de ley para contener el gasto. Luego y, solo luego, se discutirá el aumento de ingresos del Gobierno.

Tal es la agenda que ha defendido la oposición legislativa desde mayo. A ese orden, ahora, se une Casa Presidencial.

El Gobierno convocó para las sesiones extraordinarias, que empezaron ayer y terminan el 30 de abril, dos reformas al empleo público que generarían ahorros en la planilla estatal, gasto que ascenderá a ¢2,5 billones el año entrante.

Ese monto es prácticamente un tercio del presupuesto ordinario del 2016, por ¢8 billones.

El Poder Ejecutivo propone las iniciativas que los legisladores discuten en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, confirmó que la convocatoria del plan de Ley de Límites a las Remuneraciones Totales en la Función Pública y del Proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, es la señal de austeridad que la oposición pedía para entrar a discutir las reformas a los impuestos de ventas y de renta, que aumentarían anualmente los ingresos del Gobierno en un 2% del producto interno bruto.

Orden. La primera de las propuestas de empleo público es del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Pretende imponer un “límite razonable” de 18 salarios mínimos (¢266.942 equivale en un salario mínimo ) al monto máximo de las remuneraciones que paga el sector público.

El plan establece que los aumentos salariales de los jerarcas de los poderes del Estado “se deberán ajustar a la realidad económica y fiscal del país”.

“El proyecto nos parece correcto. Nosotros lo apoyamos”, dijo el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

La segunda propuesta la presentó la diputada Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN), y quiere equiparar los principios generales para fijar los salarios de todo el sector público y definir criterios de razonabilidad, eficiencia e igualdad, para depurar el pago de pluses.

Un tercero, que promueve el propio Gobierno, pretende mejorar las evaluaciones de desempeño a las que son sometidas los empleados públicos.

Los sindicatos se oponen a reformar el empleo público por temor a que se toquen derechos adquiridos.

Pero Alfaro no vio necesario un cabildeo de los planes sobre empleo con los gremios.

“Han estado en la corriente legislativa, así que no son ninguna novedad”, estimó el jerarca.

Respecto de la reforma fiscal, Fallas dijo que los planes de renta y ventas serían convocados hasta en enero, a la espera de obtener el apoyo para aprobarlos.

“La idea es trabajar primero con esos proyectos (de empleo público) que urge aprobar por la situación que tendremos el próximo año, que va a ser difícil, dado que no contamos con recursos de financiamiento externo”, advirtió el jerarca de Hacienda, en referencia a la imposibilidad de colocar más eurobonos para financiar el pago de deuda.

Ante las trabas políticas que impiden aprobar una reforma fiscal, el Poder Ejecutivo pretende que China compre $1.000 millones en bonos de deuda interna, recursos que irían a cubrir gastos corrientes como salarios, pensiones e intereses generados por la deuda.