La víctima de un médico general que se hace pasar por cirujano plástico, Christina García, y sus abogados de Jurisis expusieron ayer ante el juez penal de Pavas los alegatos suficientes para que su caso por el delito de lesiones culposas se eleve a juicio.

La empresaria, esposa y madre de dos hijos pagó $2.260 (más de ¢1 millón) para que le realizaran un procedimiento estético en los glúteos, sin embargo el 19 de setiembre de 2011 el doctor de apellidos Vargas Scott al parecer le inyectó 700 centímetros cúbicos del biopolímero PMMA, sustancia tóxica y de uso prohibido por el Ministerio de Salud.

Dos meses después, debido a serias complicaciones de salud, la paciente regresó a la estética de Vargas con la esperanza de que le aliviara el gran sufrimiento físico que padecía. Con una jeringa el doctor le extrajo parte del tóxico, pero en vez de aliviarse, las molestias se agravaron. 

La víctima, quien residía en Canadá, regresó a Costa Rica el 23 de enero de 2012 y el médico le propuso inyectarle más del tóxico PMMA. En total le introdujo 75 centímetros cúbicos en cada glúteo y le recomendó una serie de medicamentos contra el dolor.

La mujer debió ser valorada en el país donde residía en aquel momento y después intervenida de emergencia, el 31 de julio de 2012, en el Hospital Los Ángeles de las Lomas en Valle de las Palmas, Huixquilucán, México. Ahí recibió un largo proceso médico con un costo de más de ¢50 millones.

FISCALÍA NO DA LA CARA

García mostró indignación al darse cuenta que después de dos años de pesquisas la Fiscalía, pese a que cuenta con pruebas suficientes para acusar al médico general por el delito de lesiones culposas, solicitará esta tarde al juez el sobreseimiento definitivo, o sea archivar el caso.

“Después de varios años la Fiscalía no ha dado la cara como es, ha sido tan vagabunda a pesar de que tiene todas las pruebas en la mano están negando algo al frente de sus ojos, vengo a pedir justicia. Es increíble que la fiscalía diga que no hay tecnología para chequear el producto, pueden ver el veneno que me metió, el doctor debe pagar por lo que me hizo” indicó la víctima.

La fiscalía argumentó que no lograron comprobar que la sustancia la cual, por poco, le causa la muerte a García, fuera el tóxico biopolímero PMMA, pues el país no tiene el equipo científico para ello. Además, el doctor les indicó a las fiscales de Pavas que utilizó ácido hialurónico, sustancia con un precio promedio, por dosis, de ¢50 millones.

QUIEREN TAPAR LA VERDAD

El médico aseguró que la verdad está saliendo a la luz. “Muy contento. Tengo tres dictámenes legales a favor donde dice que no tengo nada que ver. Es una pena lo que pasó, la verdad sale adelante, soy inocente y creo en la justicia. La fiscalía pidió anulación del caso, ¡qué más puedo pedir! Yo la atendí a ella”, aseguró.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron en la clínica de Vargas Scott, ubicada en Lindora, Santa Ana, tres cajas del biopolímero PMMA.

Especialistas extranjeros llegaron a la conclusión de que había altas posibilidades para determinar que la sustancia extraída del cuerpo de García era el biopolímero.

“Ha sido muy duro, he sufrido mucho. Espero que todo salga bien, estoy con los mejores abogados del país, estoy con antidepresivos e inflamatorios. He dejado de hacer deporte y lo más importante de la vida, que es el sueño, no puedo dormir boca arriba, los dolores son terribles. Internamente sé lo que estoy viviendo”, declaró la mujer.

El juez penal de Pavas resolverá si el caso va a juicio o si la terrible situación de García quedará en la impunidad.