Unas 17 mil mujeres recibieron el subsidio por maternidad el año pasado durante cuatro meses, lo que significó un gasto de ¢17 mil millones para la Caja, mientras que el otro 50% lo cubrieron los patronos. Shutterstock/La República
Un proyecto que pretende exonerar a las empresas del pago de la licencia por
maternidad, trasladando la totalidad del costo a la Caja Costarricense de Seguro
Social, se discute en la Asamblea Legislativa.
El proyecto fue presentado
por Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario.
De aprobarse, esto
significaría unos ¢34 mil millones al año, es decir, casi el 1% del presupuesto
de esa institución, si se mantiene el ritmo de embarazos de los últimos
años.
La idea de Guevara es que los empleadores no discriminen a las mujeres
a la hora de hacer contrataciones, ya que en estos momentos están obligados a
pagar el 50% del salario que recibe la trabajadora durante la incapacidad de
cuatro meses, asimismo, tienen que invertir en el reemplazo durante ese mismo
lapso.
“Si separamos las cuentas de la Caja, nos daremos cuenta que la
cotización que ya hacen los asegurados para sufragar la licencia por maternidad
alcanza de sobra para sufragar a las mujeres que disfrutan de esta incapacidad.
No hay razón para seguir viendo el gasto de la Caja como uno solo, sobre todo,
cuando la brecha del desempleo entre hombres y mujeres es tan alta”, dijo
Guevara.
El año pasado 17 mil mujeres recibieron el subsidio por maternidad,
el cual pagaron la Caja y las empresas por partes iguales, ya que la ley
establece que el 50% de la incapacidad debe ser cubierto para cada una de las
partes.
Sin embargo, el sindicato de la Caja rechaza desde un inicio la
propuesta del libertario y la considera “un descaro” y el mayor retroceso en
materia laboral de la historia si se logra aprobar.
El futuro de la
iniciativa es incierto en estos momentos, ya que los actores políticos y
sociales no han revisado la propuesta a profundidad.
“Es difícil dar una
respuesta inmediata a esta iniciativa, ya que lo primero sería hacer un análisis
de los beneficios que podrían derivarse de una reducción en la discriminación
contra la mujer, versus la capacidad económica de la Caja para hacerle frente a
este eventual nuevo gasto”, dijo Rónald Jiménez, presidente de la Uccaep.
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