La aplicación de una ley que ordenó crear un sistema de alerta ante la desaparición o sustracción de menores, conocida como ley Yerelin, se tambalea por la falta de presupuesto.

Esa normativa ya fue aprobada por los congresistas y publicada en La Gaceta del 29 de octubre anterior.

La iniciativa nació luego de la sustracción, en julio del 2014, de Yerelin Guzmán, de 6 años, en Santo Domingo de Heredia. Por este caso resultó condenado un primo de la niña.

La legislación obliga a las empresas de telefonía y a los medios de comunicación a emitir alertas al desaparecer un menor.

Asimismo, establece la creación de una unidad de alerta para estos casos en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Sin dinero. Para poner a funcionar esa oficina se requiere un presupuesto adicional de ¢1.992 millones, según un informe de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, el cual fue analizado por la Corte Plena el 16 de noviembre.

Según el estudio, el OIJ requerirá ¢1.227 millones para el recurso humano, ¢414 millones para equipo de cómputo, vehículos y armas, y $650.000 (¢351 millones) de costo inicial para instalar y mantener un software llamado Sistema de Alerta y Registro de Personas Desaparecidas.

Ese estudio recomendó a los magistrados hacer las gestiones ante la Asamblea Legislativa para que tales costos sean incorporados en el presupuesto del próximo año.

La Corte acogió la recomendación de hacer la solicitud.

No obstante, eso no fue bien recibido por el diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, quien fue el impulsor de la ley, quien considera que el OIJ ya tiene la obligación de buscar a los menores y que, con esta legislación, lo que se pretende es unir esfuerzos con otras instituciones.

“No necesita (el OIJ) ningún tipo de recurso adicional y no apoyaré ningún presupuesto extraordinario. Me preocupa que esta actitud entrabe la ley”, aseveró el legislador.

Sobre esto, el director del OIJ, Wálter Espinoza, dijo que trabajarán para cumplir la nueva norma, mas reconoció su inquietud por la falta de recursos.

“Nosotros tenemos muchísimos temas difíciles de investigar, relacionados con droga, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de dinero y, aun cuando el tema de desaparición de menores es importante, eso corresponde a la esfera preventiva”, alegó el jerarca policial.

Función principal. Con Espinoza coincidieron algunos magistrados quienes, al discutir el informe sobre el impacto económico, señalaron que con la ley se le pueden estar endilgando a la Policía Judicial tareas que no le corresponden.

Tal es el caso de Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primera, para quien la función principal del OIJ es ser una policía represiva, pero la iniciativa legal le atribuye funciones preventivas.

La misma posición expresó el magistrado de la Sala Tercera y vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo. “Valdría la pena aprovechar este momento para reparar en si conviene seguir afianzando este tipo de tareas que no son propias”, indicó.

Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera, está de acuerdo en que el OIJ asuma dichas funciones, pero pide más recursos.

Arias detalló que para el presupuesto del 2016, aprobado por los diputados el 23 de octubre, no se incluyó esa partida, por lo que esperan que el próximo año les den recursos extraordinarios.