Obligados a una prórroga

 La demora con la agenda de implementación del TLC debilita nuestra posición

 La obstrucción y las falacias argumentales del PAC y Solís son lamentables

Aunque, legalmente, el país tuviera todo el tiempo del mundo para aprobar la agenda de implementación del TLC de la que depende que el Tratado entre en vigor, su enorme retraso en la Asamblea Legislativa es, por sí mismo, en extremo grave. Porque ha permitido que otros países de la región se nos adelanten en aprovechar sus ventajas, ha vuelto a generar incertidumbre entre inversionistas y empresarios, ha levantado justificadas dudas internacionales sobre nuestra capacidad para tomar decisiones y, por ende, ha causado claros perjuicios económicos y diplomáticos a nuestro país. Además, implica una burla a la voluntad soberana expresada en el referendo del 7 de octubre, que ratificó el TLC para que entrara en vigencia, no para que de nuevo lo secuestrara un grupo de diputados.

Pero ocurre que sí existe un plazo límite, que es el 29 de este mes, para que Costa Rica pueda adherirse al acuerdo con pleno derecho, no gracias a una concesión especial de Estados Unidos y los demás signatarios. Al decirlo, no estamos hablando de interpretaciones, sino de condiciones claramente establecidas por el propio Tratado. Por un lado, el lapso que se dio a los países para cumplir con todos los requisitos necesarios para ponerlo en práctica por derecho propio, fue de dos años a partir de su ratificación por dos miembros, y este es el límite que se cumple dentro de 28 días. Por otro, para ponerlo en vigencia se necesita una certificación del Gobierno de Estados Unidos, en la que se declare que Costa Rica ha cumplido con todos sus compromisos, y muchos de estos dependen de la aprobación de las 12 leyes.

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Como ya será imposible aprobar en tiempo la agenda de implementación, quiere decir que, tan pronto lleguemos al límite, dependeremos de la buena voluntad de nuestros socios para obtener más tiempo y no quedarnos fuera. Esto ha hecho que el Gobierno ya haya anunciado su decisión de solicitar una prórroga para cumplir con los requisitos de adhesión. Por la “certificación” que deberá otorgar y por su peso político-económico, el desenlace dependerá, esencialmente, de Estados Unidos. Sin embargo, también Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana deberán dar su aval, lo cual complica aún más el proceso.

Son varios los factores que nos han colocado en una posición tan desventajosa; estos se remontan a la falta de liderazgo del expresidente Abel Pacheco, quien, al demorar tanto el envío del texto del TLC a la Asamblea Legislativa, para su ratificación, hizo que todo el proceso comenzara mal y con retraso. A esto se unen, además, las vanidades, pequeñeces y hasta chantajes de algunos de los 38 diputados integrantes de la alianza favorable al TLC, que han impedido tener quórum en varias sesiones especiales. Además, no podemos dejar por fuera las torpezas del Ejecutivo en algunas de sus estrategias negociadoras, ni las acciones de los diputados Óscar López y José Merino.

Sin embargo, la responsabilidad esencial de esta demora, y de los perjuicios que ya ha causado al país, la tienen el Partido Acción Ciudadana (PAC) y su principal líder, Ottón Solís, por su sistemática actitud intransigente y obstruccionista, por su empecinamiento en distorsionar las realidades de nuestros compromisos en el Tratado, por desdeñar la gravedad de la demora y, como colofón, por su irrespeto a la voluntad expresada en las urnas el 7 de octubre. Sorprende que una persona inteligente como Solís, no haya aquilatado los grandes daños, para el país y para su propio partido, de esta actitud, y siga tratando de justificarla con falacias sobre plazos y obligaciones, como antes lo hizo con los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y una supuesta (e imposible) renegociación del Tratado.

Por la importancia en sí de la vigencia del TLC, y por la necesidad de abordar en la Asamblea otros temas de gran magnitud, hace tiempo que ya debimos haber pasado esta página. Persistir en que sigamos enredados en el proceso es una actitud claramente irresponsable, que merece la censura de todos los ciudadanos.