Mucho se ha hablado
en nuestro país sobre la modernización del Estado, la
agilización de trámites burocráticos, la incorporación
de la gestión electrónica en procedimientos
administrativos, la descentralización y el
fortalecimiento al régimen municipal. Sin embargo el
pasar de las palabras a los hechos, siempre ha sido el
más duro escollo en superar en la historia de nuestro
país, y en lo referente a materia de Gobierno Digital
este no parece haber sido la excepción. En el último
tiempo las críticas a tal iniciativa han sido muchas,
desde el grado de seguridad informática, el nivel de
calidad en cuanto a los trámites realizados por la vía
virtual, así como que el desarrollo del Gobierno Digital
parece únicamente concentrarse en mejorar la
infraestructura tecnológica del país, contribuyendo así
a aumentar la brecha digital ya existente. Resulta
innegable y además sería ingrato no reconocer que se han
dado importantes avances en esta materia, como la
digitalización en trámites de licencias, de pasaportes y
los servicios prestados por diferentes entes
financieros. Lamentablemente parece obviarse el impacto
social que tales políticas pueden ocasionar en nuestra
sociedad y a este respecto quisiera profundizar a
continuación. Hace algunos meses, en nuestro país
viene desarrollándose un proyecto denominado La Red de
Interconectividad Municipal, dicha política pública
llevada a cabo de manera conjunta entre diversas
instituciones de nuestro país, cuenta con el respaldo
financiero de la Unión Europea y la asesoría de la
Secretaría de Gobierno Digital. Ese proyecto busca la
integración de 101 instituciones públicas en una sola
red privada de conectividad, entre ellas las 81
municipalidades del país. Entre los principales
beneficios de tal iniciativa se encuentran sistemas de
videoconferencias, foros de discusión, aumento en la
participación ciudadana, como desarrollo informativo y
transaccional en los sitios web de nuestras
municipalidades. Tal iniciativa en el papel parece a
toda luz beneficiosa, no obstante analizándola desde la
perspectiva del Informe 2007 del Programa de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la
Universidad de Costa Rica, salta todo tipo de carencias
desde el gran analfabetismo digital experimentado en
nuestro país, donde de una muestra de 194 usuarios de
Internet encuestados que nunca han realizado trámites
por esta vía, un 39% dice no confiar, un 28% no saber
cómo hacerlos y un 7,7% aduce desconocimiento de la
existencia de tales trámites. Por otra parte, en
Costa Rica 113.390 viviendas del país tienen Internet en
el hogar, lo que representa un 9,8% de la totalidad de
las viviendas en el país, pero la distribución de tal
porcentaje es un 8,7% ubicado en la Región Central del
país y tan sólo un 1,1% distribuido en las regiones de
planificación restantes. Vale la pena preguntarse el
impacto social de tal política pública en la Región
Brunca, donde solo un 0,1% de las viviendas tienen
Internet en el hogar.
Daniel Calvo Sánchez
Estudiante de Ciencias Políticas y Derecho,
UCR
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