Por contradictorio que parezca, las principales motivaciones que aducen quienes impulsan la legalización de la marihuana en Costa Rica son la promoción de la salud y la lucha contra el narcotráfico.

Con esas y otras ideas, hay 13 proyectos de ley en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, que aguardan por conquistar a algún legislador.

También, en camino de ir al Congreso están otros dos planes que se gestan desde hace varios años y tienen miles de seguidores, según se muestra en redes sociales como Facebook.

Esos últimos dos proyectos, precisamente, representan las grandes causas que sostienen los promotores de regular desde el consumo hasta la producción del Cannabis sativa .

Uno de los planes es impulsado por el activista Diego Grooscors, cuya tesis es que la ausencia de regulación facilita el narcotráfico y, además, impide brindar atención médica a los adictos.

“En mi propuesta, por primera vez se habla de la enfermedad de la adicción y se diferencia el consumo normal del crónico. Veamos el caso del azúcar: el hecho de que haya personas con predisposición a sufrir diabetes no quiere decir que el azúcar sea restringida para todos.

”La legalización lo que viene a decir es: existe un consumo crónico que es problemático, necesitamos generar protección a los consumidores, educación y acceso seguro”, argumentó Grooscors.

Según el borrador de su plan, el Estado sería el encargado de controlar y regular cualquier actividad relacionada con la marihuana.

En otra de las aceras está el Movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica, dirigido por Gerald Murray, exasesor legislativo.

Para esta agrupación, la marihuana solo podría ser usada bajo prescripción médica para tratar enfermedades como cáncer, sida, esclerosis múltiple, depresión, anorexia, tensión, trastornos de sueño y alzhéimer, entre otras.

El argumento del uso medicinal lo contienen al menos ocho de los proyectos de iniciativa popular.

Más ingresos. Otro de los principales argumentos de los promotores de la legalización de la marihuana es que el Estado recaudaría más dinero mediante el cobro de impuestos a los productos de hierba.

En esa dirección, por ejemplo, argumentaron Álvaro Sequeira Mendiola y José Elías Alvarado Ramírez, quienes llevaron sus ideas a la Oficina de Iniciativa Popular.

En el caso de Murray, él sostuvo que el Estado podría obtener $500 millones anuales en tributos.

Los otros planes ya presentados se refieren también al uso “personal” e “industrial”.

Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), desacreditó las tesis de los diversos proponentes.

“El argumento de que la guerra contra las drogas se perdió y tenemos que legalizarlas es simplista y falaz. Nosotros estamos desarrollando normativa eficaz para privar a las organizaciones delictivas de los medios económicos porque estas redes necesitan dinero para operar”, dijo.

“Que la droga es una medicina, es falaz. ¿Usted cree que si la marihuana tuviera ese montón de características medicinales no se hubiera sintetizado ya por parte de la ciencia? La única propiedad comprobada es la de broncodilatación y está en la raíz, no en las hojas”, sostuvo Alvarado.

El jefe del ICD dijo que todos esos argumentos los emplean quienes quieren usar la droga para divertirse. “Como ellos quieren, que fumen entonces; a nadie se le va a meter a la cárcel por eso, pero si agarramos al traficante, lo detenemos”, enfatizó.

El cannabis contiene una sustancia psicoactiva llamada THC (tetrahidrocannabinol). En Costa Rica, el consumo no es penado, pero sí la producción y el comercio.