Ana Victoria Fernández Sánchez ha pasado los últimos seis años de su vida esperando respuestas sobre el paradero de su hija Shirley Andrea Angulo Fernández, y sus dos nietas pequeñas, desaparecidas el 1.º de setiembre de 2014.
2.352 días sin una explicación.
Comenta que la última vez que conversó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), le indicaron que no podían decirle si Shirley estaba muerta, pero tampoco que estaba viva.
Su hija y las dos menores son parte de un grupo de seis mujeres que desaparecieron en Costa Rica durante los últimos años y que las autoridades catalogan como “sin rastro”, es decir, cuya investigación no arrojó respuestas de su paradero.
[ 3 de cada 4 mujeres desaparecidas en Costa Rica son menores de edad ]
Fernández dijo a La Nación que no se explica porqué el OIJ ha logrado encontrar a muchas otras mujeres, pero a su hija no.
“¡Cómo puede ser posible que cuando han habido otros casos de desaparecidas, las autoridades mueven cielo y tierra, pero con ella no hicieron nada!”, agregó.
El caso de Shirley Andrea Angulo, una policía turística de 30 años, fue muy seguido por la prensa años atrás, ya que la mujer, su esposo y sus dos hijas desaparecieron al mismo tiempo en Matina de Limón.
Desde el 1.º de setiembre de 2014 no se supo más sobre la ubicación de la familia y lo último que determinó el OIJ es que el grupo estaba en su casa, cuando desconocidos los sorprendieron y se los llevaron.
La vivienda quedó con las puertas y ventanas abiertas y en la mesa un plato de comida servido. Nadie vio nada porque el inmueble estaba en un lugar montañoso. El vecino más cercano habitaba a 200 metros de distancia.
El carro de la familia, un Suzuki de color blanco, tampoco estaba. Ese carro apareció el 5 de setiembre en un taller en Llorente de Flores, en Heredia. La Policía no halló ninguna evidencia dentro del vehículo.
Desde ese momento, las autoridades no volvieron a tener rastros de la familia, aunque sí conocieron una información confidencial que daba cuenta de que todos fueron lanzados al mar, cerca de la isla Uvita, en el Caribe. Empero, no lo confirmaron.
El supuesto móvil de la desaparición fue un asunto relacionado a drogas, en el que habría estado implicado el esposo de Angulo, un exoficial de la Fuerza Pública llamado Víctor Julio Blanco Vega.
La madre de la desaparecida dijo que esa fue la versión con la que se ciñó el OIJ, pero que ella todavía tiene sus dudas, ya que nunca recibió las pruebas suficientes para creer esa historia.
“Nos fueron llevando a puras mentiras. A base de mentiras terminaron el caso, lo cerraron y ahí quedó todo”, dijo la madre.
Fernández afirmó que la desaparición de su hija es un tema recurrente en las conversaciones familiares y que todos esperan, algún día, averiguar qué ocurrió con Shirley.
“Siempre la recordamos y pensamos en las bebés y todo. Además, nunca más volvimos a la provincia de Limón desde que sucedió eso”, añadió.
Dijo que la última vez que se comunicaron con el OIJ fue en el 2016 y que, hasta la fecha, no están seguros de que las autoridades sigan buscando a su hija.
“Si todavía están investigando, pues que nos lo digan, porque nosotros nunca más volvimos a saber nada. A nosotros nunca más nos volvieron a comunicar absolutamente nada, estamos como si no hubiera pasado nada”, reclamó.
En enero de 2015, el entonces director del OIJ, Francisco Segura Montero, se refirió a este caso y alegó que, en este tipo de situaciones, “llega un momento en la investigación en que ya no hay camino por recorrer”.
“Sin rastro”
Shirley Andrea Angulo y sus dos hijas, de dos años y tres meses de edad, son parte de las seis mujeres que las autoridades judiciales costarricenses califican como “sin rastro”.
Las otras tres desaparecidas, incluida una niña de cinco años, desaparecieron en 2014, 2015 y 2016; una en Pérez Zeledón, la otra en Hatillo de San José y la menor en Santo Domingo de Heredia.
En el caso de la niña, identificada como Yerelin Guzmán Calvo, su paradero se desconoció desde el 11 de julio del 2014 y fue vista por última vez en un barrio herediano conocido como San Martín.
Casi dos años después, el 2 de julio del 2016, Alejandro Guzmán Argüello, un primo de la menor, fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de sustracción y un abuso sexual en perjuicio de ella.
Además, en setiembre del 2019, la madre de Yerelin, Hellen Calvo Bolaños, fue condenada a dos años de cárcel por “desproteger” a sus hijos.
Otra mujer desaparecida que también fue clasificada como sin rastro es Edith Maritza Alfaro Porras, vecina de Pérez Zeledón, de 40 años.
Ella, su esposo, Rafael Arturo Garbanzo Cascante, de 42, y un amigo de ambos, Eliécer Ruiz Ureña, de 46, se perdieron en el mar Caribe en abril de 2015, cuando intentaron ingresar a Estados Unidos de manera ilegal.
Aparentemente, salieron en una lancha desde Bahamas hacia Miami, cerca de las 9 p. m., para un recorrido de 300 kilómetros. Iban junto con el botero y otro costarricense identificado como Luis Guillermo Sánchez.
Según la versión que este último brindó a los familiares de los desaparecidos, de camino sufrieron el naufragio y estando en el agua, dejó de ver al resto, incluida Edith Maritza.
La sexta mujer del grupo de “desaparecidas sin rastro” del OIJ es Merlyn Cecilia Silvia Gutiérrez, una nicaragüense de 36 años que vivía en Hatillo, San José.
De ella no se supo más desde el 3 de octubre del 2016.
El Organismo de Investigación Judicial indicó a La Nación que los casos de estas seis mujeres no se encuentran cerrados y que los agentes siguen trabajando para determinar qué sucedió con ellas.
Destacó que la categoría “sin rastro” se determina cuando se han realizado todas las diligencias pertinentes y no se ha obtenido ningún resultado positivo con respecto al paradero de la persona.
Orlando Corrales Ugalde, jefe de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ, afirmó que, en cuanto se tenga algún indicio de los casos, se investiga de inmediato.
Además, mencionó que las investigaciones con esa calificación se pasan a un equipo especializado dedicado de lleno a estos asuntos.
Nueva ley
El OIJ rescató que uno de los factores que complica aún más las investigaciones de personas desaparecidas es el hecho de que se abusa del sistema para fines fraudulentos o intereses privados que no están asociados con una desaparición.
Por ejemplo, la entidad ha atendido personas que interponen una denuncia por desaparición de un ciudadano para que se le ubique y se le pueda notificar una pensión alimentaria, para que no pueda salir del país.
Otras personas con deudas por préstamos o tarjetas de crédito, para que no les notifiquen el cobro, le piden a un familiar que ponga una denuncia ficticia de desaparición para evitar el proceso judicial.
En otros casos, varias personas han desarrollado narrativas sobre historias ficticias de secuestros inducidos por el consumo de algún estupefaciente o que han querido interceptar a las víctimas en un vehículo.
Según el OIJ, esto genera una alarma en la ciudadanía, que cree que existe una banda dedicada a captar habitantes, cuando tal vez la persona decidió ausentarse intencionalmente.
“Y así como estos casos son muchos los que existen en que se usa fraudulentamente el sistema, no para buscar a una persona desaparecida, sino para un interés privado, financiero o falaz (ficticio)”, agregó el Organismo.
Debido a esto, el OIJ ha tenido acercamiento con la Asamblea Legislativa a fin de promover algunas acciones, en especial la creación de una ley nacional sobre desapariciones de mayores de edad.
Además de contar con un “marco legal de referencia”, permitiría imponer multas económicas y trabajo comunal a quien presente una denuncia falsa por desaparición.
La redacción del proyecto de ley está en fase final y las autoridades esperan que se pueda presentar pronto.